El Gobierno comenzó a flexibilizar las negociaciones salariales, habilitando paritarias "cortas", ya sea trimestrales o semestrales, o dando luz verde para pagos no remunerativos, algo que está restringido por un decreto presidencial de agosto del año pasado. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, avanzó inicialmente con aumentos de 23% anual con cláusula de revisión, lo que no habilita un ajuste automático, sino que abre una nueva instancia de negociación entre el gremio principal de la actividad, los empresarios y el Estado. Sica convalidó ese porcentaje en las paritarias de los porteros de edificios del Suterh y de los trabajadores de entidades deportivas y civiles (Utedyc). Sin embargo, esa marca ya fue superada y ahora el piso de las subas salariales se estableció en 30%, como firmaron la semana pasada los petroleros privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Desde la CGT advirtieron el jueves pasado que buscarán acuerdos salariales cortos ante la incertidumbre inflacionaria. Y plantearon la cláusula gatillo como alternativa, una salida que Sica no estaría dispuesto a ceder tan fácilmente, según el diario La Nación. El gremio de los bancarios, que suele marcar una pauta de referencia por ser uno de los primeros en negociar, acordó un 7% a cuenta por enero y febrero, pero con el compromiso de que el trato anual se ajuste de manera automática con la inflación. Así, el sindicato que lidera Sergio Palazzo obtuvo el año pasado un alza de 47,6%, en línea con lo que fue el incremento de precios que relevó el Indec. La negociación de 2019 está encadenada con la del año pasado. La UOM, por ejemplo, antes de debatir sobre el nuevo ajuste reclamó esta semana una recomposición de 12% por el deterioro de 2018. Además, Antonio Caló presiona para incluir en el convenio colectivo la posibilidad de implementar un mecanismo de revisión trimestral, como la que tienen los mecánicos del Smata. El mayor reclamo se concretó en el sector público: la Conadu histórica, que reúne a los docentes universitarios, exigió una paritaria de 50% ante el Ministerio de Educación. Entre los gremios que pulsean para resarcir la pérdida salarial de 2018 surgió una novedad con una organización relativamente pequeña. Se trata del Sindicato de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada, que acordó con los directores de los colegios y universidades religiosas un plan de cuotas para recuperar el 15% que perdieron el año pasado. En paralelo, cerraron una suba de 30% para 2019, con revisión en agosto. A partir de las negociaciones en curso y de algunas que ya avanzaron surgió el atajo del pago de cifras no remunerativas. Es decir, los empresarios no hacen frente a los gastos de cargas sociales y los sindicatos aceptan el monto sin retención alguna. Y el Gobierno destraba así de manera más ágil el conflicto salarial y evita que derive en medidas de fuerza. Esta práctica se restringió en agosto pasado con un decreto de Mauricio Macri, cuya finalidad era recaudar los aportes y las contribuciones a la seguridad social sobre la totalidad de los salarios. Hay excepciones, por ejemplo, con las empresas que están con un procedimiento preventivo de crisis en marcha. Durante la semana que pasó, figuró en el Boletín Oficial más de un acuerdo salarial con cifras no remunerativas. Estaban allí la UOM, los pilotos aeronáuticos de APLA y el sindicato de juegos de azar. En la Secretaría de Trabajo explicaron que se trata de negociaciones previas al decreto de agosto de 2018 y que recién ahora son homologadas. Sin embargo, surgieron algunas particularidades, como la de los gremios ferroviarios, que lograron una "gratificación excepcional" bajo esta modalidad o la de uno de los gremios del tabaco, que recurrió a un Ministerio de Trabajo provincial para avanzar con este tipo de pagos.