El Gobierno creará una agencia evaluadora de medicamentos y tratamientos para frenar juicios de pacientes a obras sociales que se nieguen a hacer la cobertura. Hablan de la supuesta "cobertura universal" y explican cómo se implementará.

Un sistema de salud segmentado y fragmentado, con un gasto ineficiente y un acceso desigual a la atención médica. Estos son los supuestos problemas que busca superar la creación de una Cobertura Universal de Salud (CUS), la estrategia que esta semana presentó el presidente Maurico Macri y que cuenta con el aval de los sindicatos, que cederán 8 mil millones de pesos de su deuda para financiar la iniciativa.
"Hace dos años venimos estudiando esta estrategia. Lo que intenta es que todos los habitantes tengan una cobertura de salud clara y que la misma esté registrada en un banco de datos. Los que no tienen ninguna (unos 15 millones de personas) ahora van a tener una cobertura integral del Estado", le explicó a Perfil Jorge Lemus, ministro de Salud de la Nación.

¿Qué cambia con el nuevo sistema?

"Antes, quien no tenía cobertura iba al hospital y se atendía pero no había ninguna cobertura formal que tuviera responsabilidad. Mediante la CUS la va a tener, le van a dar todas las prestaciones y medicamentos que necesita, y si hay alguna prestación que el sistema público no puede dar, la va a convenir con el sistema privado", sostuvo.

Puesta en marcha

La base de datos de la CUS será manejada por el Ministerio de Salud, que empezará a emitir un documento nacional de salud que está siendo preparado por el Ministerio de Modernización. Con ese documento el paciente tendrá acceso a todas las prestaciones que indica el Programa Médico Obligatorio. Además, cuando concurra a un centro de salud público, tendrá una ficha médica y una historia clínica electrónica.
"Lo que busca este plan es que haya un sistema de vasos comunicantes entre todos los subsectores del sistema sanitario (sector público, de la seguridad social, el PAMI y los hospitales públicos) que permita que el Estado vaya detrás del que sale perjudicado". 
En este sentido, se busca que no haya subsidios cruzados. Si una persona tiene una obra social privada y se atiende en un hospital público, la CUS permitirá que dicho hospital recupere los fondos rápidamente (en menos de 30 días).

Otros convenios provinciales

Cada provincia deberá firmar un convenio específico que permitirá establecer las obligaciones para la implementación de la CUS en las distintas jurisdicciones. Dentro de cada Ministerio de Salud provincial se creará un área denominada Cobertura Universal de Salud, que tendrá por funciones manejar el padrón de beneficiarios de la cobertura pública. 
En este sentido, mañana habrá una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), donde participarán representantes de las 24 provincias. "Creemos que todos los instrumentos que están pactados con el Ministerio de Modernización van a estar en uno o dos meses, a fin de año vamos a tener ya la inscripción de todos y para el año que viene el sistema ya va a estar funcionando", puntualizó el ministro de Salud.

Traba a juicios contra obras sociales y prepagas

El Gobierno implantará un cepo a los juicios contra obras sociales y prepagas. Lo hará a través de la reactivación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), un proyecto que quedó trabado el año pasado en el Congreso, publicó hace unos días Ámbito.
El objetivo alegado de Agnet es "establecer prioridades de utilización de las tecnologías sanitarias a partir de su valoración clínica, ética, económica y social, y sus eventuales implicancias sobre el sistema de salud", que cabe aclarar, ya se encuentra establecido en el Programa Médico Obligatorio (PMO) como derecho para todos los pacientes de obras sociales y prepagas.

Menos derechos para los pacientes

El espíritu del sistema es similar al que dio a luz el nuevo régimen de riesgos del trabajo con la creación de comisiones médicas encargadas de dictaminar sobre los accidentes laborales. En uno y otro caso, el propósito es evitar la litigiosidad. Según directivos de obras sociales y prepagas las demandas por medicamentos y tratamientos médicos representan un sobrecosto en torno del 10% para el sistema de salud.

Una vez creada, la Agnet funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud y sus dictámenes deberán ser vinculantes para los jueces que deban analizar demandas de pacientes. Según el proyecto del año pasado, que trabó la oposición justicialista, quedarán en análisis de los miembros de la Agencia "medicamentos, dispositivos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza de acuerdo a criterios de eficacia, efectividad, equidad y costo-efectividad en beneficio del interés común".

Los argumentos del Gobierno

-"¿Uno de los grandes problemas del actual sistema de salud es la fragmentación pero también la inequidad en el acceso. ¿El plan apunta a superar esto?", pregunta Perfil.
-Exactamente. Esto va a ir acompañado con un decreto que vamos a sacar en pocos días más donde se pone en marcha un Plan Nacional de Calidad para que esté controlada la calidad de atención. No hay equidad sin calidad. Si no, yo le doy acceso a todo el mundo pero a algunos de una calidad y a otros de otra. Y no estoy hablando sólo del sistema público, sino también de obras sociales y prepagas. Vamos a controlar esa calidad y esto va a ser junto a la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud, un organismo independiente que va a decidir si los nuevos medicamentos, aparatos y procedimientos médicos tienen base científica para usarlos, cómo y cuándo hacerlo. Esto va a hacer más eficiente el gasto y va a evitar la judicialización.

Cómo será con los medicamentos

-Usted planteaba que los medicamentos serán gratuitos y que la persona sin cobertura podrá ir a una farmacia a obtenerlos. ¿Esto reemplazará el programa Remediar?
-El programa Remediar concluyó el año pasado porque estaba atado a un crédito del BID. De todas maneras, el Estado Nacional viene en apoyo de las provincias y sus habitantes con la entrega de medicamentos en forma gratuita. Pero ahora a cargo del Estado Nacional, no del crédito del BID. Hoy esa entrega será a través de la CUS. Vamos a seguir distribuyendo medicamentos esenciales en los hospitales públicos y servicios de salud y en algunas provincias, por convenios, directamente a través de las farmacias. Porque la mejor dispensación de medicamentos es a través de las farmacias.

Privatización o gratuidad

-El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández dijo que con el programa "se acaba la salud gratuita y universal". ¿Qué opina?
-"Es realmente irresponsable decir eso. No sé de dónde sale ese concepto. De ninguna manera es una privatización del sistema, sino todo lo contrario: darles servicios en forma integral y gratuita a quienes no tienen cobertura", dijo a Perfil.

El problema de la inequidad

Casi el 70% de la población argentina (28 millones de personas) tiene cobertura médica a través del PAMI, las obras sociales (nacionales o provinciales) y las prepagas. El 30% restante se atiende en hospitales públicos que se financian del presupuesto del Estado. 
"Desde el punto de vista del acceso a los servicios de salud, Argentina es uno de los pocos países de América donde cualquier persona va a ser atendida sin poner un peso de su bolsillo. El problema grave de la Argentina es la inequidad entre cada uno de los sectores. Todos tenemos acceso pero evidentemente, las condiciones de ese acceso son muy diferentes si uno está en el servicio privado, la seguridad social o el sector público", explicó Rubén Torres, rector de la Universidad Isalud y ex superintendente de Servicios de Salud. Fuente: (Ámbito-Perfil).-