Cuando aún no sabía que sería ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne postulaba que para que la economía arranque era necesario bajar el déficit, combatir el empleo en negro y "aplicar reformas urgentes"

En cuanto a pronósticos, en sus múltiples informes y 
declaraciones, el nuevo funcionario estimó que la actividad 
crecerá en un rango de entre 3,5% y 4%, y consideró que la 
inflación podría ser inferior al 20%, aunque lo supeditó al 
resultado de las paritarias salariales, para lo cual, dijo que es 
necesario que los gremios "miren para adelante y no para atrás". 

Estimó que el déficit fiscal primario se ubicará en torno al 
4,8% que prevé el Gobierno, pero puso en dudas que se pueda bajar 
ese nivel al 3,3% para el 2017, un año electoral.

"Lo que sospecho es que el Gobierno va a vender sus 
participaciones accionarias en el Fondo de Garantías de la Anses y 
vender las centrales termoeléctricas de Campana y Timbúes y con 
eso generar ingresos vía privatizaciones por 2 puntos del PIB o 
más, imputarlos arriba de la línea y cumplir las metas fiscales 
con privatizaciones", dijo en julio pasado.

En una nota reciente, advirtió sobre la necesidad de bajar el 
gasto público y consideró que si bien la "economía va a arrancar" 
es imprescindible "aplicar reformas urgentes". 

"La economía va a arrancar, aunque sea más tarde de lo 
esperado. Pero con una situación social angustiante, la agenda de 
reformas es urgente", alertó.

Señaló que "si el Gobierno lograra mantener el gasto congelado 
en términos reales por los próximos cinco años y la economía 
creciera 3% por año, el gasto en relación con el PBI bajaría de 
45% a 39% en 2021". 

"En el primer caso, la reducción en el gasto alcanzaría para
eliminar todo el déficit fiscal. En el segundo, para eliminar el
déficit, bajar las alícuotas de Ganancias, quitar el impuesto a
los débitos y créditos y bajar los impuestos al trabajo a la
mitad", detalló.

Sobre el nivel de inversión, manifestó su esperanza de que el 
sector privado "invierta y prospere sobre la base de incentivos y 
ya no por la combinación de subsidios y hostigamiento". 

Consideró que el Gobierno "perdió la oportunidad" de tomar una
medida "revolucionaria", que era "hacer dos blanqueos a la vez: el
de activos no declarados de la clase alta y el de incorporar a la
economía blanca el empleo informal de los sectores más 
desprotegidos".

Para Dujovne, "con los datos que conocemos no se pueden 
explicar la magnitud de la baja del consumo ni el estancamiento 
del tercer trimestre. La explicación se encuentra, tal vez, en 
los datos que no conocemos. Y ello nos conduce a la economía 
informal".

"El 35% de los trabajadores argentinos son empleados 
informales. Su sueldo promedio es menos de la mitad que el que 
reciben los empleados en blanco. En la economía informal el 
desempleo es muy alto: de los 1,2 millones de desocupados que 
relevó el Indec en el segundo trimestre, la gran mayoría 
provenían de actividades informales", advirtió.

Y resaltó que "es inviable para un país, e injusto para 
quienes lo sufren, que el 35% del empleo sea informal. Ello 
ocurre porque tenemos impuestos, una justicia laboral y 
regulaciones laborales inviables". 

"La Argentina agrega además una justicia laboral que parece 
diseñada para que las empresas cierren sus persianas y sus dueños 
inviertan en Lebac", se quejó.

Por ese motivo, dijo que "el otro blanqueo que tiene que 
encarar la Argentina es ése: incorporar a tres millones de 
empleados en negro y a un millón de desempleados informales a la 
economía blanca". 

Consideró que el programa inicial del gobierno "debe ser
continuado por otro que defina la gestión ya no por la negativa,
sino por determinados objetivos concretos y por una descripción
metódica acerca de cómo serán alcanzados". 
"La identidad de ese programa todavía está en construcción por
dos motivos: en algunas áreas, el Gobierno no tiene decidido
exactamente hacia dónde planea avanzar. Y en otros casos, las
ideas no han sido comunicadas adecuadamente".

También había considerado que en lo fiscal, el Gobierno se
debate entre tres objetivos en conflicto: bajar el déficit,
minimizar los impuestos distorsivos e incrementar el gasto en
infraestructura.
NA.