El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Congreso Nacional rechazara por mayoría especial el veto del presidente Javier Milei y ratificara el proyecto original. La medida se oficializó a través del Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Pese a la promulgación, la aplicación de la ley fue suspendida de forma inmediata. El Ejecutivo argumentó que su puesta en marcha no es viable hasta que el Poder Legislativo determine las fuentes de financiamiento correspondientes y asigne las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. Según el texto oficial, el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones” que implica la nueva normativa.

Impacto fiscal y justificación del Ejecutivo

El Poder Ejecutivo sostiene que la ejecución de la ley generaría un gasto de $3,01 billones, equivalente al 0,35% del PBI. Solo la creación de una nueva pensión y los programas asociados representarían un gasto de $2,1 billones para el año 2025. El Gobierno ha advertido que el presupuesto vigente no cuenta con los créditos suficientes para afrontar dicha inversión, y que incluso la reasignación total de partidas sería insuficiente.

Veto y obligación constitucional

Cabe recordar que el presidente Milei había vetado la ley en agosto a través del Decreto 534/25, alegando motivos de "viabilidad financiera y sustentabilidad en el tiempo". Sin embargo, el rechazo del veto en ambas cámaras del Congreso obligó al Ejecutivo a promulgar la norma en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional. La suspensión de su aplicación se ampara en la Ley de Administración Financiera, que exige la definición de recursos específicos para cualquier gasto no previsto.

Paralelamente, el Gobierno dispuso una readecuación presupuestaria mediante la Decisión Administrativa 24/2025, asignando mayores fondos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para responder a la actualización de aranceles de prestadores, en un intento de abordar parcialmente el reclamo del sector mientras se define el financiamiento integral de la ley.