Los defensores plantearon que los delitos por los que la Justicia investiga al sacerdote están prescriptos. El viernes habrá una definición al respecto, tras la audiencia realizada en los Tribunales de Concepción del Uruguay.

El cura Marcelino Ricardo Moya planteó, a través de sus abogados defensores, que los delitos por los que lo persigue la Justicia están prescriptos, que no hay acción penal posible y que la causa debería clausurarse. 

Fue un cambio de estrategia en una causa que se inició a finales de junio de 2015, cuando dos jóvenes se presentaron ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, en Paraná, y contaron de qué modo Moya había abusado de ellos cuando niños y participaban de los grupos juveniles de la parroquia Santa Rosa de Lima, y en el Colegio La Inmaculada, en Villaguay.

Por una cuestión de jurisdicción, la declaración de ambos denunciantes cayó en manos de la fiscal Nadia Benedetti, de la Unidad Fiscal Villaguay, quien no consiguió que en diciembre, cuando lo citó a indagatoria, el cura pronunciara palabra. Pero junto con el cambio de abogados sobrevino una nueva estrategia. Moya fue defendido hasta junio último por el abogado Amílcar Vales, pero ahora su caso está en manos del estudio jurídico de Néstor Fabián Nicolás Paulete y Rubén Darío Germanier, de Colón.

La primera decisión de los abogados fue pedir la prescripción de la causa por abusos que se sigue al cura. El planteo sobrevino dos años después de la apertura de la investigación penal preparatoria. 

A mediados de mayo último, y tras casi dos años de investigación penal preparatoria, la fiscal Benedetti dio por clausurada la instrucción. 

Entonces, la fiscal Benedetti elevó el pedido de remisión a juicio de la causa ante el Juzgado de Garantías y Transición de Villaguay. 

El 29 de junio último, el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, tomó dos decisiones: por un lado, rechazó hoy planteo formulado por los defensores de Moya, que pidieron la prescripción, y por otro lado hizo lugar a la petición de la fiscal Benedetti y de los querellantes Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, y elevó el expediente a juicio oral.

El trámite judicial sobrevino después de un cuarto intermedio dispuesto por el magistrado tras la audiencia del martes 27, cuando cada una de las partes presentó sus argumentos. Otra vez, el cura Moya se hizo presente -no tenía obligación de hacerlo- y lo hizo rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, que incluyó la presencia de 30 policías en los Tribunales de Villaguay.

Disconformes con lo resuelto por el juez Zaburlín, los defensores de Moya recurrieron la resolución. De ese modo, la causa recaló en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, que ya intervino en un planteo anterior referido a conocer el diagnóstico médico del cura, que en enero último estuvo internado en el Servicio de Infectología del Hospital San Martín. El tribunal, finalmente, no accedió a la petición que habían formulado los querellantes. 

En aquel incidente del diagnóstico médico de Moya -los querellantes pidieron acceder al contenido del informe que presentó la médica Adriana Bevacqua- intervino el camarista Rubén Chaia.

Pero en la insistencia de la prescripción ya no intervino Chaia sino su colega Mariano Martínez. 

Aunque en la audiencia de ayer no hubo resolución. El magistrado sólo escuchó los argumentos de las partes. 

Moya fue vicario en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, entre 1992 y 1997, y además docente en el Instituto La Inmaculada, y durante ese tiempo habrían ocurrido los abusos que ahora se le imputan. Las víctimas que lo llevaron a Tribunales son dos jóvenes que eran parte de los grupos parroquiales.

Moya fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1992 por el exarzobispo de Paraná, Estanislao Esteban Karlic, y tuvo entre uno de sus primeros destinos la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay. Allí, precisamente, habría sido el lugar donde ocurrieron los abusos.
Desde que se abrió la causa, Moya no puede oficiar misas en público. El 30 de junio de 2015 el arzobispado de Paraná, Juan Alberto Puiggari, dio a conocer un documento en el que anunció que Moya fue desafectado de su función de párroco en Seguí, a donde estaba destinado. La medida se adoptó luego de la presentación de la denuncia en la Justicia por parte de dos víctimas. Entonces, la curia sostuvo que no bien "se conocieron las denuncias periodísticas que involucraban a un sacerdote de la arquidiócesis, el arzobispo dio inicio a las investigaciones preliminares, según lo expresa el código de derecho canónico en el canon Nº 1717, regulados por las normas de Gravioribus Delictis".

La expresión en latín "Gravioribus Delictis" alude a los "delitos graves", como la pederastia, la acusación que recae sobre Moya, y conforma parte de las reformas introducidas en 2010 por el papa emérito Benedicto XVI para abordar los delitos de abuso de menores. 
En esa situación, Moya contraataca ahora en la Justicia, y pretende que se declare la prescripción de los delitos que se le imputan.
Ayer, sus abogados plantearon los argumentos que fundamentan esa petición.
Pero la Justicia de Concepción del Uruguay postergó para el viernes, a las 8,30, su resolución al respecto. 

Durante una audiencia que se desarrolló ayer, el camarista Mariano Martínez, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, escuchó los argumentos de las partes, pero pospuso una resolución hasta este viernes, cuando se sabrá si se hace lugar a la petición del cura Moya, y se declara la prescripción de la acción penal, o si por el contrario atiende el argumento del Ministerio Público Fiscal y de la querella, que pidieron la elevación de la causa a juicio oral. Martínez escuchó los argumentos del defensor Rubén Darío Germanier -estuvo ausente Néstor Fabián Paulete-, del querellante Juan Pablo Cosso -no viajó a Concepción del Uruguay Florencio Montiel? y del fiscal Juan Manuel Pereyra ?que suplantó a Nadia Benedetti-, pero aplazó hasta el viernes una resolución, con lo cual hasta entonces no se sabrá de la suerte de la causa. Aunque tanto los defensores como los querellantes anunciaron que, en cualquier caso, recurrirán la resolución, y en ese caso la causa irá a la Cámara de Casación Penal. (El Diario)