La Armada Argentina presentó una denuncia ante la Justicia Federal luego de detectar presuntas irregularidades en el sistema utilizado para acreditar haberes de personal militar y civil.

La investigación administrativa reconstruyó hasta el momento 645 acreditaciones indebidas realizadas a 23 personas por un total de $981.148.567,88, correspondientes al período comprendido entre julio de 2022 y enero de 2026.

El caso quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar las responsabilidades individuales y establecer el alcance definitivo de las maniobras investigadas.

Diferencias entre los recibos y lo depositado

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con diferencias entre la liquidación formal de los haberes y los archivos que posteriormente eran enviados al Banco Nación para realizar las acreditaciones.

Según la denuncia, determinados registros habrían sido modificados antes de su transmisión al banco para aumentar importes o incorporar pagos que no tenían respaldo en las liquidaciones correspondientes.

Posteriormente, esos registros habrían vuelto a sus valores originales.

De esta manera, el importe depositado en determinadas cuentas podía ser diferente al que aparecía posteriormente en el recibo de haberes.

La investigación también analiza duplicaciones y acreditaciones realizadas a personas cuyo vínculo con la fuerza debía ser determinado.

La propia Armada detectó las irregularidades

El caso comenzó a investigarse internamente después de advertirse inconsistencias en determinadas acreditaciones.

A partir de allí se amplió la revisión hacia períodos anteriores y se analizaron sistemas informáticos, registros bancarios, documentación contable y archivos utilizados para preparar las órdenes de pago.

También se preservaron equipos informáticos vinculados con el procedimiento.

Como medida preventiva, la Armada decidió separar las funciones de liquidación de haberes, acreditación bancaria y conciliación contable.

¿981 millones o 1.600 millones?

Actualmente circulan diferentes cifras sobre el posible alcance económico de la investigación.

El monto documentado hasta ahora en la denuncia difundida públicamente corresponde a $981,1 millones.

Otras versiones periodísticas mencionan cifras cercanas a $1.500 o $1.600 millones, aunque esos valores deberán ser corroborados durante la investigación.

Por ese motivo, el monto definitivo y las responsabilidades penales deberán ser establecidos por la Justicia.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2 y continuará con el análisis de la documentación y de los movimientos realizados durante más de tres años.