El Gobierno nacional creó el Sistema de Articulación de la Política Exterior, un nuevo mecanismo destinado a coordinar las actuaciones internacionales de los diferentes organismos de la Administración Pública Nacional.

La medida fue formalizada mediante el Decreto 983/2026, publicado este viernes 11 de septiembre en el Boletín Oficial.

El sistema funcionará bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y tendrá especial atención sobre aquellas actuaciones que puedan incidir directa o indirectamente en la posición argentina respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares.

¿Cómo funcionará?

Los organismos nacionales alcanzados por la norma deberán informar a Cancillería determinadas reuniones, comunicaciones, gestiones, negociaciones y actividades internacionales.

La obligación se aplicará cuando esas actuaciones puedan, entre otras cuestiones, fijar posiciones oficiales de Argentina, incidir sobre negociaciones diplomáticas, involucrar acuerdos internacionales o generar consecuencias diplomáticas, jurídicas, institucionales o políticas.

También deberán comunicarse las actuaciones relacionadas con Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares.

Cada organismo tendrá que designar una persona que funcionará como “enlace” con Cancillería y será responsable de canalizar la información.

¿Cancillería tendrá poder para prohibir una actividad?

El decreto establece una distinción importante.

Cuando Cancillería considere que una determinada actuación puede afectar la política exterior o los intereses internacionales de Argentina, podrá formular advertencias, recomendaciones u orientaciones.

Sin embargo, su intervención no implica aprobar o autorizar la actividad ni reemplazar las competencias propias del organismo involucrado.

Tampoco se modifican las dependencias jerárquicas, administrativas o funcionales de las diferentes áreas del Estado.

Malvinas, uno de los puntos centrales

La cuestión Malvinas ocupa un lugar destacado dentro de los fundamentos y disposiciones del decreto.

El Poder Ejecutivo sostiene que la defensa de los derechos argentinos sobre las islas y los espacios correspondientes requiere una actuación estatal coordinada y coherente en las relaciones internacionales.

La intención es evitar que una gestión, declaración, negociación o actuación de algún organismo nacional pueda entrar en contradicción con la posición diplomática sostenida por Argentina.

¿Alcanza a provincias y municipios?

No.

El sistema está dirigido a determinadas jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional.

Por lo tanto, el decreto no establece nuevas obligaciones para provincias, municipios o ciudadanos particulares.

También quedan excluidas determinadas gestiones con organismos financieros internacionales y bancos multilaterales cuando se limiten exclusivamente a cuestiones financieras, crediticias, presupuestarias o técnicas.

La medida se suma a una agenda oficial que durante los últimos días volvió a colocar al Atlántico Sur, Malvinas y la proyección antártica entre los temas centrales de la política exterior y de defensa argentina.