El Gobierno nacional resolvió retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que proponía modificar la Ley de Tierras, luego de advertir que no contaba con los votos necesarios para su aprobación en el Senado.

La decisión fue adoptada en la previa de la sesión prevista para este jueves y tuvo como objetivo preservar el tratamiento del resto de la iniciativa, que mantiene reformas vinculadas a las leyes de Desalojos, Expropiaciones y Manejo del Fuego.

La presión de gobernadores y aliados

El cambio de estrategia llegó tras una serie de reuniones con bloques aliados y luego de que varios legisladores expresaran su rechazo al capítulo referido a la extranjerización de tierras.

Entre las voces que se pronunciaron en contra estuvieron los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Rolando Figueroa, de Neuquén, quienes adelantaron que sus espacios votarían negativamente la propuesta.

Además, algunos senadores del PRO y otros bloques dialoguistas también manifestaron diferencias con la iniciativa, dejando al oficialismo sin los apoyos necesarios para avanzar con la reforma.

Qué proponía el proyecto

El capítulo eliminado contemplaba elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podrían quedar en manos de personas o empresas extranjeras.

Si bien mantenía la prohibición para que Estados extranjeros adquirieran tierras rurales en el país, habilitaba nuevas posibilidades para empresas extranjeras o con participación estatal extranjera, siempre que contaran con autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.

También establecía la obligación de registrar este tipo de operaciones en los registros inmobiliarios provinciales.

El resto del proyecto continúa

Con la eliminación del capítulo más cuestionado, el oficialismo buscará avanzar con el resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que continuará siendo debatido en el Senado.

La iniciativa mantiene las modificaciones relacionadas con los procedimientos de desalojos, las expropiaciones y el manejo del fuego, aspectos que el Gobierno considera prioritarios dentro de su agenda legislativa.