La Corte Suprema de Justicia dejó firme la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario al rechazar el recurso presentado por el Gobierno nacional contra la medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Con esta decisión, el máximo tribunal mantiene vigente la resolución judicial que obliga al Estado nacional a garantizar las actualizaciones previstas por la ley sancionada por el Congreso en 2025, destinada a fortalecer el sistema universitario público.

Los jueces consideraron que el planteo presentado por el Poder Ejecutivo no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, por lo que resolvieron desestimarlo y dejar firme la cautelar.

Qué deberá garantizar el Gobierno

La decisión judicial alcanza distintos aspectos del financiamiento de las universidades nacionales.

En materia salarial, el acuerdo alcanzado con los rectores contempla un incremento total del 24,33% para docentes y trabajadores no docentes.

La recomposición se distribuirá en dos etapas: un aumento del 21,33% sobre los salarios correspondientes a junio —calculado sobre los haberes de mayo— y otro 3% adicional que se aplicará en octubre sobre los básicos de septiembre.

Además, el convenio establece la reapertura de las negociaciones paritarias cada tres meses para revisar la evolución de la inflación y analizar nuevas actualizaciones salariales.

Más recursos para universidades

El entendimiento también prevé un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.

A esto se suma un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano y una partida extraordinaria de 50.000 millones de pesos destinada al funcionamiento de los hospitales universitarios.

Estos fondos forman parte del compromiso asumido entre el Gobierno nacional y los rectores para garantizar el normal funcionamiento de las casas de altos estudios.

Los reclamos continúan

Pese al acuerdo, tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como los gremios docentes sostienen que las medidas resultan insuficientes.

Las organizaciones sindicales afirman que los salarios universitarios acumulan una pérdida cercana al 34% del poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión nacional.

Asimismo, advierten que el presupuesto universitario sufrió una reducción significativa en términos reales durante los últimos años y reclaman el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario.

Con el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno ya no podrá sostener ese recurso judicial para demorar la aplicación de la norma, aunque todavía resta conocer cómo instrumentará el cumplimiento pleno de las obligaciones establecidas por la ley.