El Gobierno nacional avanza en las negociaciones para lograr la aprobación de la denominada Ley Hojarasca en el Senado sin modificaciones, con el objetivo de evitar que el proyecto deba regresar a la Cámara de Diputados para una nueva votación.

La iniciativa forma parte del paquete de desregulación impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar normas que el oficialismo considera desactualizadas, burocráticas o sin aplicación práctica en la actualidad.

El proyecto contempla la derogación de 62 leyes nacionales, la eliminación de artículos de distintas normas vigentes, modificaciones legislativas y la suspensión de diversos decretos.

Sin embargo, el tratamiento parlamentario en la Cámara alta no está exento de cuestionamientos. Algunos bloques aliados expresaron reparos sobre determinados puntos de la propuesta, lo que genera incertidumbre respecto al respaldo definitivo que podría reunir el oficialismo.

La estrategia del Gobierno

La principal preocupación de La Libertad Avanza es evitar que el Senado introduzca cambios al texto aprobado por Diputados. De producirse modificaciones, la iniciativa debería volver a la Cámara baja para una nueva revisión, retrasando la sanción definitiva.

En ese marco, referentes del oficialismo reconocieron que existen conversaciones para alcanzar consensos, aunque sostienen que la intención es mantener intacto el espíritu original del proyecto.

La discusión comenzará a profundizarse en el plenario de comisiones que deberá emitir dictamen antes de su llegada al recinto.

Las leyes que generan debate

Durante el trámite legislativo, el oficialismo ya aceptó algunas modificaciones respecto de la propuesta inicial. Entre ellas, decidió mantener vigentes las normas vinculadas a las credenciales de libre circulación y estacionamiento para legisladores, así como la continuidad institucional del Círculo de Legisladores.

También se resolvió conservar la Ley 11.380, que otorga beneficios crediticios y fiscales a cooperativas a través del Banco Nación.

No obstante, persisten diferencias sobre otras derogaciones incluidas en el proyecto. Algunos sectores cuestionan la eliminación de la exclusividad del financiamiento estatal para la Federación Argentina de Municipios y la derogación de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos.

Qué propone la Ley Hojarasca

Entre las normas que el Gobierno busca eliminar figuran leyes consideradas obsoletas o en desuso, como la que crea una matrícula para las palomas mensajeras de carrera o la que exigía portar un carnet de mochilero.

También propone derogar la Ley 16.789, que obliga a los funcionarios públicos a adquirir vehículos de fabricación nacional cuando sean destinados a funciones oficiales.

Otro de los puntos destacados es la derogación de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, que establece mecanismos de protección del patrimonio histórico y fija límites a la participación extranjera en empresas de medios de comunicación.

El caso de la ley del Lobizón

Una de las particularidades del proyecto es la derogación de la Ley 20.843, conocida popularmente como la "ley del Lobizón", que otorga beneficios a los séptimos hijos varones y ahijados presidenciales.

No obstante, el texto contempla una cláusula especial para quienes ya accedieron a esos beneficios, permitiéndoles conservar los derechos adquiridos, incluida la beca vitalicia prevista por la legislación vigente.

La iniciativa continuará su tratamiento en el Senado en las próximas semanas, donde el oficialismo buscará reunir los votos necesarios para convertirla en ley sin modificaciones.