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La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la provincialización de rutas generó un fuerte rechazo en distintos sectores vinculados a la infraestructura vial.

La medida, formalizada a través del Decreto 253/2026, propone transferir la administración de tramos de la red nacional a las provincias, con la posibilidad de concesionar corredores a privados y financiar su mantenimiento mediante peajes.

Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial expresaron un “fuerte rechazo” y calificaron la iniciativa como “ilegal, inconstitucional e inoportuna”.

Entre los principales cuestionamientos, señalaron que una transferencia de este tipo debería contar con una ley del Congreso y un esquema claro de financiamiento, para evitar trasladar responsabilidades sin recursos a las provincias.

Además, advirtieron que el nuevo sistema podría generar conflictos legales y afectar el funcionamiento del esquema federal.

Uno de los puntos más críticos es el financiamiento a través de peajes, que según indicaron podría convertirse en una carga adicional para los usuarios.

Desde la entidad sostienen que esta medida implicaría una “doble imposición”, ya que los ciudadanos ya aportan

Autor: admin