El sistema universitario argentino atraviesa un escenario de fuerte conflicto, con un paro nacional de docentes y trabajadores no docentes del 16 al 21 de marzo, en reclamo de paritarias urgentes y una recomposición salarial.

La medida de fuerza coincide con el inicio del ciclo lectivo y se da en un contexto de tensión entre el Gobierno nacional y las universidades por la situación presupuestaria del sector.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional, su presidente Oscar Alpa advirtió que la situación salarial genera “mucha decepción” en docentes y no docentes, y remarcó que la prioridad es la reapertura de las negociaciones paritarias.

El último acuerdo salarial del sector se firmó en octubre de 2024, y el incremento más reciente fue en diciembre de ese año, con un aumento del 2% otorgado por decreto.

Reclamo por salarios y financiamiento

El conflicto también está vinculado a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025, cuya implementación aún no se concretó y derivó en una disputa judicial con el Gobierno.

La normativa contemplaba mejoras en salarios, gastos de funcionamiento, becas estudiantiles e infraestructura, pero el Ejecutivo analiza ahora un nuevo esquema más ajustado a sus objetivos fiscales.

Según gremios docentes, la pérdida salarial frente a la inflación supera el 50%, lo que profundiza el malestar en el sector.

Además, se estima que el 97% del presupuesto universitario se destina al pago de sueldos, lo que convierte a la discusión salarial en un punto central para el funcionamiento del sistema.

Plan de lucha y medidas

Frente a este escenario, los gremios ratificaron un plan de lucha que incluye:

• Paro nacional del 16 al 21 de marzo
• Nuevas medidas en las semanas del 30 de marzo y 27 de abril
• Marcha Federal Universitaria el 23 de abril
• Instalación de carpas de protesta en distintas ciudades

Mientras tanto, las autoridades universitarias mantienen canales de diálogo con el Gobierno, aunque insisten en que las conversaciones deben traducirse en soluciones concretas.