La ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes en el marco del juicio por la denominada causa de los cuadernos, en una audiencia que se extendió durante casi una hora en los tribunales de Comodoro Py.

Durante su exposición, la dirigente cuestionó con dureza el proceso judicial y aseguró que se trata de una “persecución política”, al tiempo que denunció supuestas irregularidades en la investigación.

Críticas al accionar judicial

En su declaración, Cristina Fernández apuntó contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes acusó de haber llevado adelante prácticas “mafiosas y criminales”.

Según sostuvo, durante la instrucción de la causa se produjeron detenciones para presionar a empresarios a declarar en su contra, en el marco de la aplicación de la ley del arrepentido.

También cuestionó la validez de las pruebas y afirmó que “se construyeron testimonios” mediante presiones y amenazas.

Defensa y cuestionamientos políticos

La ex presidenta, que actualmente cumple una condena con prisión domiciliaria por la causa Vialidad, insistió en su inocencia y cuestionó las acusaciones en su contra.

“¿Dónde está la plata?”, planteó durante su exposición, al tiempo que puso en duda las cifras mencionadas en la investigación.

Además, vinculó el proceso judicial con decisiones políticas y criticó al presidente Javier Milei por sus declaraciones en la Asamblea Legislativa.

En ese sentido, aseguró que existe un adelantamiento de condena y que el juicio ya tendría un resultado definido.

Negativa a responder preguntas

Tras su exposición, Cristina Fernández decidió no responder preguntas del tribunal, fiscales ni defensores.

Condicionó su participación a que también sean citados otros funcionarios y dirigentes, entre ellos el propio Stornelli y el ex presidente Mauricio Macri.

La causa y el proceso judicial

La citación se produjo luego de que el tribunal rechazara un pedido de nulidad presentado por su defensa, que había cuestionado la validez de las pruebas y los testimonios.

El juicio busca determinar la existencia de una presunta red de sobornos vinculada a la obra pública entre 2003 y 2015.

El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal 7, que deberá resolver los planteos pendientes y avanzar en la investigación.