El Congreso Nacional se prepara para una semana de alta intensidad política en el marco del período de sesiones extraordinarias. El oficialismo pondrá en discusión dos iniciativas sensibles que pondrán a prueba su capacidad de negociación con la oposición, los gobernadores y los distintos bloques parlamentarios.

Debate por la reforma laboral en el Senado

El miércoles será el turno del Senado, donde el oficialismo intentará obtener la media sanción del proyecto de modernización laboral impulsado por el presidente Javier Milei. El contenido final del dictamen genera expectativa, ya que los cambios introducidos no serán difundidos hasta el momento de la votación, con el objetivo de evitar tensiones que puedan poner en riesgo los acuerdos alcanzados.

Uno de los puntos más sensibles es el capítulo fiscal, particularmente la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, una medida que impacta en la recaudación provincial. Este aspecto concentra las principales negociaciones con los gobernadores, que reclaman compensaciones ante una eventual caída de ingresos. También generan debate otros artículos vinculados a indemnizaciones, bancos de horas, pago de salarios en especie y el fraccionamiento de las vacaciones.

En paralelo, los gremios siguen de cerca el tratamiento de la iniciativa y la CGT anunció una movilización en las inmediaciones del Congreso durante la jornada de debate, en rechazo a los cambios que consideran perjudiciales para los trabajadores y el sistema de seguridad social.

Baja de la edad de imputabilidad en Diputados

El jueves, la Cámara de Diputados debatirá el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que propone bajar a 14 años la edad de imputabilidad. La iniciativa, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, retoma un dictamen aprobado en comisión el año pasado, luego de descartar la reducción a 13 años por falta de consenso político.

El proyecto establece un sistema de sanciones graduales según la gravedad del delito, prioriza medidas alternativas a la prisión y fija una pena máxima de 15 años para delitos graves. Además, prevé que la privación de la libertad sea aplicada únicamente en casos de alta gravedad y en institutos especializados, sin contacto con adultos.

Como parte de las negociaciones, el oficialismo aceptó que el Estado nacional asuma parte del costo fiscal de la implementación para las provincias que adhieran al régimen. Con el respaldo del PRO, bloques provinciales y un sector de Unión por la Patria vinculado al Frente Renovador, el Gobierno confía en lograr la aprobación del proyecto, lo que representaría un triunfo político clave antes del receso legislativo por Carnaval.