Un nuevo frente de conflicto se abrió entre el Gobierno nacional y la industria textil. Luego de la polémica con el Grupo Techint, el Ejecutivo apuntó ahora contra uno de los sectores que con mayor firmeza cuestiona el esquema de apertura importadora. Las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, generaron una fuerte reacción empresarial.

Caputo relativizó el impacto de las importaciones y cuestionó los precios del mercado interno. “Yo no compré nunca en mi vida ropa en la Argentina porque era un robo”, afirmó el funcionario, al sostener que durante años los consumidores locales pagaron valores muy superiores a los internacionales por textiles y calzado.

Las palabras del ministro provocaron un inmediato rechazo. Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y dueño de la marca Jazmín Chebar, respondió con dureza y señaló que los funcionarios “se convirtieron en parte de la casta”, al evitar resolver los problemas estructurales del sector. Además, enumeró que en la Argentina también son más caros productos como autos, alimentos, neumáticos y combustibles, lo que —según explicó— responde principalmente a la alta carga impositiva.

Desde la CIAI remarcaron que el sector enfrenta una situación crítica: estiman la pérdida de entre 16.000 y 17.700 puestos de trabajo registrados, lo que representa una caída de hasta el 15% del empleo total, y el cierre de más de 500 empresas vinculadas a la cadena textil e indumentaria.

A la polémica se sumó Manuel Adorni, quien sostuvo que “con la importación de un jean no se pierden puestos de trabajo”, una afirmación que fue rechazada por empresarios y diseñadores. Benito Fernández, uno de los referentes del rubro, pidió mayor protección para la industria nacional y aseguró que “no está bueno que nos traten de ladrones”.

Caputo, por su parte, calificó al sector textil como un ejemplo de una industria “protegida durante muchos años” y consideró que el proteccionismo “perjudica a los que menos tienen”. Desde el empresariado respondieron que no buscan volver a modelos del pasado, pero advirtieron que una apertura irrestricta y sin correcciones fiscales puede ser “directamente suicida” para la producción nacional.