El Gobierno de Entre Ríos dispuso la suspensión del recargo provincial aplicado sobre la venta de energía eléctrica durante todo el año 2026, con el objetivo de evitar nuevos aumentos en la factura de la luz y mitigar el impacto de la suba de tarifas en los hogares entrerrianos.

La decisión fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial provincial, que establece que el recargo no será cobrado desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. Dicho adicional integra el Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos y se aplica habitualmente a través de las empresas distribuidoras del servicio eléctrico.

En los considerandos, el decreto señala que la medida se adopta en el marco de la emergencia energética nacional y del proceso de reestructuración de subsidios impulsado por el Gobierno Nacional, que derivó en incrementos del costo mayorista de la energía y, en consecuencia, en aumentos en la tarifa final que pagan los usuarios.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que la suspensión del recargo forma parte de un conjunto de acciones destinadas a contener el impacto tarifario, al menos en los componentes de origen provincial, y a acompañar el proceso de transición energética sin trasladar mayores costos a la población.

El texto recuerda que la Provincia ya había dispuesto medidas similares durante 2024 y 2025, y resolvió dar continuidad a esta política durante 2026 ante la persistencia del contexto de emergencia en el sector energético.

Asimismo, la norma instruye al Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) a notificar a todas las concesionarias del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica sobre los alcances de la medida, para garantizar su correcta aplicación en las facturas.

En paralelo, se estableció que la Secretaría de Energía, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Finanzas, deberá asegurar la continuidad de las obras eléctricas y gasíferas financiadas por el Fondo de Desarrollo Energético. En caso de ser necesario, dichas obras podrán cubrirse con recursos del Tesoro Provincial, según las disponibilidades presupuestarias.

Desde el Gobierno entrerriano destacaron que esta decisión se suma a otras políticas de protección a los usuarios, como el sostenimiento de la Tarifa Eléctrica Social, los beneficios para electrodependientes, instituciones educativas, bomberos voluntarios y entidades sin fines de lucro, además del congelamiento del Valor Agregado de Distribución y la contención de aumentos en períodos de alta demanda.