Este martes 13 de enero se cumplen 24 años de la desaparición de la familia Gill en Crucesitas Séptima, departamento Nogoyá, uno de los casos más enigmáticos y conmocionantes de la historia policial entrerriana.

El domingo 13 de enero de 2002 fue la última vez que se vio a Rubén “Mencho” Gill, su esposa Margarita Gallegos y sus hijos María Ofelia (12), Osvaldo José (9), Sofía Margarita (6) y Carlos Daniel (2), en el establecimiento rural La Candelaria, donde Gill se desempeñaba como peón.

Desde entonces, el caso permanece rodeado de incertidumbre. Nunca se logró establecer qué ocurrió con la familia y, a lo largo de los años, las hipótesis se sucedieron sin arribar a una respuesta concreta.

Sospechas y demoras

Uno de los aspectos más llamativos del caso fue que la desaparición fue denunciada recién tres meses después por el propietario del campo, Alfonso Goette, quien sostuvo que le había otorgado vacaciones a la familia y que nunca regresaron. Fue a partir de esa denuncia que los familiares de los Gill tomaron conocimiento de la situación.

Aunque Goette nunca fue imputado, siempre fue señalado por los investigadores como principal sospechoso. El propio Gill había iniciado un juicio laboral por presunto maltrato, y con el correr del tiempo surgieron hipótesis de índole personal que complejizaron aún más la causa. Goette falleció años después en un accidente de tránsito.

Las primeras excavaciones en el campo se realizaron más de un año después de la denuncia, en un contexto marcado por disputas judiciales y demoras que frenaron el avance de la investigación.

Reactivación de la causa

En 2015, la causa por “averiguación de paradero” quedó a cargo del juez Gustavo Acosta, quien reconoció la existencia de conflictos previos entre Gill y el dueño del establecimiento.

En 2025, el expediente tomó nuevo impulso cuando el abogado Marcos Rodríguez Allende se constituyó como querellante. Desde entonces, se impulsaron nuevas medidas y se reforzó la hipótesis de que la familia nunca habría salido del campo.

“Estoy convencido de que se cometió un grave delito contra esta familia”, afirmó el letrado, quien señaló públicamente al propietario del establecimiento como principal sospechoso.

En noviembre del año pasado, en el marco de esta reactivación, autoridades judiciales y policiales realizaron una inspección en el campo La Candelaria utilizando drones de alta tecnología. Se tomaron coordenadas precisas del terreno para ser enviadas a la NASA, con el objetivo de obtener imágenes satelitales históricas que permitan detectar posibles movimientos de suelo ocurridos hace más de dos décadas.

Esperanza intacta

A 24 años de la desaparición, el misterio sigue sin resolverse. Sin embargo, la familia de Rubén Gill mantiene la esperanza de conocer la verdad sobre lo ocurrido aquel domingo de enero de 2002.

Actualmente, existe una recompensa de 12 millones de pesos para quienes aporten datos certeros que permitan dar con el paradero del peón rural y su familia.