El Gobierno nacional oficializó el pago de un Bono Extraordinario Previsional de hasta 70.000 pesos, que será abonado durante febrero de 2026 a jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas con haberes más bajos.

La medida fue establecida mediante el Decreto 65/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, y publicada este miércoles 28 de enero en el Boletín Oficial.

Según se explicó en los considerandos, el refuerzo económico tiene como objetivo compensar la pérdida del poder adquisitivo generada por la anterior fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609, vigente hasta su modificación en julio de 2024, la cual —según el texto— no contemplaba adecuadamente el impacto de la inflación.

A quiénes alcanza el bono

El refuerzo económico alcanzará a los siguientes beneficiarios, siempre que el haber se encuentre vigente al momento de la liquidación:

• Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
• Beneficiarios de regímenes especiales derogados o ex cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación.
• Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
• Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables.

Cómo se determina el monto

El decreto establece dos criterios para el pago del bono:

• Quienes perciban un haber igual o inferior al haber mínimo previsional recibirán el monto total de 70.000 pesos.
• Quienes superen el haber mínimo cobrarán un monto proporcional, equivalente a la suma necesaria para alcanzar el haber mínimo más el bono máximo.

En el caso de pensiones con copartícipes, se considerará un solo titular a los fines del cobro.

Sin descuentos ni retenciones

El bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos ni retenciones y no será computable para otros conceptos previsionales o asistenciales.

La ANSES fue facultada para dictar las disposiciones necesarias para la implementación, control y eventual recupero de pagos indebidos, mientras que la Jefatura de Gabinete deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.