La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció la convocatoria a un paro nacional para el próximo 11 de febrero, en coincidencia con el tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación. La medida fue resuelta por sindicatos estatales provinciales nucleados en el gremio y anunciada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la convocatoria a una huelga general “es absolutamente necesaria y obligatoria para el movimiento obrero”, aunque advirtió que no debe tratarse de una acción aislada. En ese sentido, exhortó a avanzar en un plan de lucha previo, con movilizaciones y protestas antes de que el proyecto comience a debatirse en la Cámara Alta.

“Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado”, afirmó Aguiar, quien además apuntó contra los gobernadores que respaldan la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. Según señaló, se deberían intensificar las acciones gremiales en aquellas provincias cuyos mandatarios apoyan la reforma laboral.

El dirigente sindical también cuestionó las recorridas del ministro del Interior, Diego Santilli, en busca de apoyo político para el proyecto. “Sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por eso tienen que ser señalados como responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de cien años en materia de derechos laborales”, afirmó.

Respecto al contenido de la reforma, Aguiar denunció que el Gobierno busca “quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores”, mientras se fortalece el poder de los empleadores. “Esto no puede terminar en nada bueno”, advirtió, y llamó a los trabajadores estatales a manifestarse para ponerle límites al Ejecutivo nacional.

Desde ATE remarcaron que, a diferencia de lo que sostiene el Gobierno, la reforma laboral sí afecta al sector público, ya que numerosos organismos estatales se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo, que el proyecto pretende modificar. Entre ellos mencionaron al PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, DGI, Aduana, Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, YCRT, ACUMAR, el Hospital Garrahan, Intercargo y Belgrano Cargas, entre otros.

Además, el gremio denunció que la iniciativa propone cambios en la presunción del vínculo laboral bajo la figura del monotributo, lo que —según advirtieron— podría profundizar situaciones de precarización y fraude laboral tanto en el Estado nacional como en provincias y municipios.

En el encuentro gremial participaron sindicatos de los sectores judicial, salud, vialidad, energía, telecomunicaciones, bancarios, docentes universitarios, investigadores, jubilados, abogados laboralistas, ex jueces laborales y académicos, quienes coincidieron en rechazar la reforma y respaldar la convocatoria al paro nacional.