El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó la ejecución patrimonial de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y el resto de los condenados en el caso Vialidad, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal habilitara esta instancia. La medida apunta a cubrir el monto actualizado de $684.990 millones, considerado el daño económico derivado de la maniobra de corrupción acreditada en el expediente.

El Tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, resolvió avanzar con el decomiso de bienes que pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia, iniciando así la primera etapa de ejecución. Según fuentes judiciales citadas, una segunda etapa abarcará más propiedades.

20 propiedades de la familia Kirchner alcanzadas

La resolución establece que Cristina Kirchner perderá un inmueble propio y 19 propiedades que habían sido heredadas en partes iguales por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, todas incorporadas al patrimonio familiar durante el período investigado (2003–2015).

Entre los bienes enumerados se encuentran:

• El hotel Los Sauces Casa Patagónica, en El Calafate.
• Un complejo de departamentos en Río Gallegos, construido por empresas de Báez.
• Terrenos y otras propiedades adquiridas por Néstor Kirchner entre 2006 y 2010, cedidas posteriormente a sus hijos.

El TOF 2 indicó que el decomiso también alcanza bienes recibidos a título gratuito por terceros, siempre que se compruebe que derivan del “producto o provecho del delito”.

Más de 80 propiedades de Lázaro Báez también serán ejecutadas

El empresario santacruceño —según la sentencia— perderá más de 80 bienes, incluidos inmuebles pertenecientes a empresas utilizadas en la maniobra fraudulenta vinculada a 51 licitaciones viales en Santa Cruz.

Los jueces remarcaron que el decomiso responde a la necesidad de impedir que los delitos de corrupción generen beneficios económicos y, al mismo tiempo, reparar el daño social ocasionado, en cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por Argentina.

Los fundamentos del Tribunal

En su resolución, el TOF 2 recordó que la maniobra defraudatoria se tradujo en un enriquecimiento indebido tanto para Báez como para la familia Kirchner a través de operaciones comerciales, vínculos societarios y beneficios económicos que excedieron una relación comercial usual.

Se consideró especialmente el circuito de sobreprecios, anticipos financieros y cartelización en la obra pública vial de Santa Cruz, que tuvo como resultado un flujo de fondos ilícitos que alimentó el patrimonio de las empresas de Báez y, según el fallo, generó beneficios directos e indirectos a los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner.

Cómo se llegó a la ejecución

En julio, el Tribunal intimó a los condenados a pagar voluntariamente el monto actualizado del decomiso. Ante la falta de cumplimiento, se dio inicio a la instancia de ejecución patrimonial.

La Corte Suprema había ratificado en junio la condena contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta, dejándola firme y habilitando al TOF 2 a avanzar con el decomiso.

Cristina Kirchner presentó tres objeciones —incluyendo cuestionamientos al monto y al tribunal competente— pero todas fueron rechazadas por Casación, lo que permitió destrabar el proceso actual.